Archivos militares

«Lo peor es la autocensura que hoy practican algunos historiadores» : Entrevista con Francisco Xavier Redondo Abal, escritor y usuario investigador en archivos

Transcurridos más de 40 años de la muerte del dictador Francisco Franco, la recuperación de la memoria histórica sigue siendo en España un tema candente para la sociedad y para los profesionales de sus archivos. En Archivoz hemos querido aproximarnos a este debate a través de la óptica del usuario investigador de este tipo de documentación histórica.

Francisco Xavier Redondo Abal es un investigador centrado en la recuperación de la memoria histórica democrática, materia sobre la cuál ha escrito numerosos artículos y libros. Su testimonio resulta muy esclarecedor. Y es que además de historiador, escritor y usuario de archivos, nuestro entrevistado de hoy también es bibliotecario en la Universidade de Santiago de Compostela.

(Archivoz) Trabajas como bibliotecario y dedicas buena parte de tu tiempo libre a investigar en los archivos y a escribir sobre algunos de los episodios más duros de nuestra historia reciente. ¿Cómo empezaste en esto? ¿Qué es lo que te motiva como investigador?

(Francisco Xavier Redondo Abal) Es cierto que me gano la vida trabajando en la Biblioteca, pero mi formación primera es la de licenciado en Geografía e Historia -en la especialidad de Historia Contemporánea- y mi gran vocación son los estudios históricos: evaluar, comparar, analizar e interpretar los hechos del pasado para comprender de dónde venimos y entender el presente para, así, prevenirnos en el futuro. Las principales motivaciones que tengo como investigador son dos: descubrir aspectos del pasado oculto que muchas veces aparecen soterrados y, sobre todo, aprender y adquirir nuevos conocimientos a través de la investigación. Lo cierto es que, independientemente de que uno publique sus resultados y estos sean objeto de críticas y citas, la investigación histórica engancha. Y engancha mucho.

(Archivoz) ¿Cuál te parece que debiera ser el papel del Estado y de los archivos españoles para restablecer la dignidad de las víctimas del franquismo?

(FXRA) España es, tras Camboya, el estado donde más asesinados todavía permanecen en fosas de vergüenza: 114.000 hombres y mujeres que fueron víctimas de la barbarie y la intolerancia. Personas ejecutadas tras un minucioso y orquestado plan de exterminio elaborado y planificado mucho antes del asesinato de Calvo Sotelo. Un plan estructurado que dio comienzo con el golpe de Estado del 18 de julio de 1936 y que, al fracasar, derivó en una guerra de tres años. Lo que no podemos olvidar es que todos aquellos asesinados, todos los encarcelados y todos los exiliados no habían cometido delito de ninguna especie. Fueron, precisamente, los militares sublevados y sus soportes -la Iglesia católica, los grupos ideológicamente reaccionarios y las oligarquías económicas (industrial, financiera y rural)- los únicos que cometieron delito al oponerse por las armas a la legalidad constitucional y democrática representada por la Segunda República.

Una de las fosas comunes descubiertas en Estépar (Burgos) proveniente de agosto-septiembre de 1936, al inicio de la Guerra Civil Española.

Una de las fosas comunes descubiertas en Estépar (Burgos). Wikimedia

¿El papel del Estado en la reparación de las víctimas? Mira, el problema de España reside en que no es un país normalizado democráticamente y falta mucho camino por recorrer. Hay que tener presente que tres años de guerra y cuarenta de dictadura dejaron un poso de miedo y de terror que ayudó a enterrar la memoria y su relato. Ahí están, vivos y coleando, los mitos del franquismo. Mitos que historiadores serios como Reig Tapia, Francisco Espinosa, Ángel Viñas o, antes que ellos, Herbert Southworth, y muchos más intentan refutar a base de estudios rigurosos. Mitos que, por otro lado, quedaron bien consolidados durante la «modélica» Transición. Hubo que esperar al año 2002 para que el Congreso de los Diputados condenara formalmente el franquismo, aunque en realidad aquello fue un pacto tácito entre las dos fuerzas políticas mayoritarias. El Estado español debería declarar ilegales los consejos de guerra celebrados a raíz del inicio de la Guerra Civil; limpiar las calles y las plazas de los nombres fascistas (¿te imaginas en Alemania una calle dedicada a Himmler, Heydrych, Goebbels…?); demoler el Valle de los Caídos y devolver los bienes como el Pazo de Meirás; el Estado está obligado a trabajar en las tareas de exhumación, identificación y entrega a los familiares de los restos de las personas desaparecidas y asesinadas desde 1936 y, al mismo tiempo, reparar económicamente a sus descendientes; por otro lado, el Estado que se dice democrático debería perseguir legislativamente toda apología al fascismo y al franquismo, investigar y juzgar a los funcionarios que torturaron y asesinaron a opositores antifranquistas, algo muy difícil de llevar a cabo mientras no se derogue la Ley de Amnistía del año 1977.

Los archivos custodian parte de la memoria de la represión y son una base fundamental para conocer y estudiar aquel período histórico. Cualquier ciudadano alemán puede en la actualidad consultar sin cortapisas los archivos de la Stasi, la policía secreta de la extinta República Democrática de Alemania. ¿Se puede acceder sin restricciones a los archivos del Ministerio del Interior en España? ¿Y consultar el archivo particular de Franco, depositado en una entidad privada? Las respuestas, obviamente, son negativas.

(Archivoz) Investigadores y familiares de las víctimas han denunciado los obstáculos que aún existen para la consulta de determinados fondos documentales del período franquista. Incluso el Consejo de Derechos Humanos de la Asamblea General de Naciones Unidas o Amnistía Internacional han puesto en evidencia la aplicación abusiva de la Ley de secretos oficiales y otras restricciones del libre acceso a los documentos. ¿Cómo afectan a vuestro trabajo estas limitaciones de acceso?

(FXRA) Los obstáculos para el acceso a determinada documentación archivística existen, claro que sí. La Ley de Secretos Oficiales, de 1968, y la de Patrimonio Histórico y Documental, de 1985, no ayudan desde luego a superar muchas restricciones. En mi caso, por fortuna, nunca observé problemas y jamás se me negó el acceso a la documentación solicitada. Otra cosa bien diferente ocurre cuando esa documentación llega para tu consulta filtrada, censurada, amputada. Eso me pareció que ocurrió en un determinado archivo cuando solicité poder consultar los expedientes de incautación de la biblioteca privada de Castelao. Accedí a los documentos, pero estoy seguro que faltaban muchos.

Para realizar mis trabajos realicé muchas visitas a diferentes archivos: desde el Diocesano de Mondoñedo hasta el del Reino de Galicia, pasando por el Archivo General de la Administración de Alcalá de Henares, el Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, los archivos militares de Ferrol, el del Museo de Pontevedra, el Universitario de Santiago de Compostela, varios archivos histórico-provinciales, municipales… Todos sus archiveros fueron grandes profesionales: su amabilidad, disponibilidad y sus orientaciones resultaron fundamentales para poder redactar mis trabajos. Sin su profesionalidad todo hubiera sido más complicado y, desde luego, los resultados diferentes.

(Archivoz) La represión política es un fenómeno que acontece por muchas vías, muchas veces de forma extraoficial y extrajudicial. ¿Qué importancia adquiere la documentación de los archivos en la investigación actual? ¿Y las fuentes orales?

(FXRA) La documentación archivística y el relato oral de quienes vivieron aquellos años se complementan y retroalimentan cuando hablamos del fenómeno de la represión franquista. No debemos olvidar que esa represión dejó una huella indeleble en la memoria de mucha gente que, ya como víctimas o como testigos, la vivieron en primera persona. Desde luego, los sublevados y sus colaboradores no tuvieron la necesidad de documentar el «paseo» de Ánxel Casal (que «un día apareció muerto en una cuneta», según leí hace muy poco en El Correo Gallego, como si sufriera un infarto) o el asesinato de Juana Capdevielle, por poner dos ejemplos. Pero hubo personas que vieron los cuerpos acribillados y otras que fueron obligadas a enterrarlos. Por otro lado, la represión jurídico-militar generó una documentación muy valiosa para el estudio de la represión: desde la detención de un individuo -y quién o quiénes la practicaron- hasta la instrucción del sumario -quién la llevo a cabo- pasando por las declaraciones del imputado y los testigos -qué dijeron y en qué términos, qué acusaciones expresaron- para concluir con las sentencias – cuáles fueron y quiénes las firmaron-.

(Archivoz) En los últimos tiempos hemos asistido también a algunas actuaciones que afectan a la difusión de los resultados de investigación. Baste recordar las resoluciones judiciales contra algunos compañeros vuestros o la reciente decisión de la Universidad de Alicante de eliminar de Internet los datos de quien condenó a muerte al poeta de Miguel Hernández. ¿Qué opinión te merece esta situación, a estas alturas?

(FXRA) Lo ocurrido en la Universidad de Alicante al respecto del caso de Miguel Hernández y la cita del nombre del ponente del consejo de guerra que condenó al poeta es una muestra más de lo que hablamos al principio de esta entrevista: España es un Estado sin normalizar. Pero, desde mi punto de vista, lo peor es la autocensura que hoy practican algunos historiadores ante la amenaza de lo que puede acarrearle ciertas investigaciones. Es decir, está ganando terreno la idea de no crearse problemas y evitar, por poner un ejemplo, citar los nombres y apellidos de los represores. Esta amputación del relato me resulta desagradable. Hace ya unos años, un solvente historiador como es Francisco Espinosa publicó a este respecto un libro revelador: Callar al mensajero, con un subtítulo que dice La represión franquista, entre la libertad de información y el derecho al honor. Pues bien, allí el autor extremeño describe y analiza casos muy significativos de la lucha existente entre la necesidad de saber y conocer contra eso que se llama honor. Casos como el de Dionísio Pereira, denunciado por los hijos del alcalde falangista de Cerdedo, o el de Ramón Garrido y el cierre por sentencia judicial de una página web en la que se relataba el terror fascista en O Grove durante la Guerra Civil. Lo cierto es que muchos jueces admitieron a trámite denuncias contra historiadores, documentalistas o cineastas acusados de «herir el honor» de pistoleros y criminales. Pocos jueces, casi ninguno, acudieron a una fosa a levantar acta e investigar qué ocurrió con los cuerpos encontrados y cosidos a balazos. Por lo que se ve, esos ciudadanos carecían de honor y no había que molestar mostrando la verdad de lo sucedido.

(Archivoz) ¿Cómo valoras la labor profesional de las personas que trabajan en los archivos españoles? ¿Has detectado algún problema reseñable en los servicios de los archivos donde investigas?

(FXRA) Como ya te comenté anteriormente, yo nunca observé problemas a la hora de solicitar, consultar y reproducir documentación archivística. Y hablamos de documentación dura en el sentido que trata de cárcel, fusilamientos, depuraciones… Jamás encontré cortapisas e incluso el profundo conocimiento mostrado por muchos archiveros de los fondos existentes en los lugares donde trabajan resultó una ayuda fundamental, sirvió para explorar otras vías y mejorar el resultado final de mis investigaciones. En la mayoría de los casos, mi experiencia en los archivos me muestra que sus funcionarios trabajan con una profesionalidad digna de elogio. Otra cosa diferente es la legislación sobre el acceso al documento.

(Archivoz) ¿Qué esperanzas albergas para la recuperación de la memoria histórica democrática en los próximos años? ¿Puedes avanzarnos alguno de los asuntos con los que trabajas en la actualidad?

(FXRA) Yo soy bastante pesimista en cuanto a la reparación de las víctimas y sus familiares y sobre la recuperación de nuestra memoria histórica democrática. Y eso que conceptos como Verdad, Justicia y Reparación son recomendaciones que diferentes organismos de Naciones Unidas han encomendado al Estado español. Pero existe un dique de contención que se llama Ley 46/1977, de 15 de octubre, de Amnistía, una norma jurídica que impide investigar y enjuiciar supuestos crímenes contra la humanidad cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo. Al final, todo se resume en una cuestión de voluntad política para legislar en favor de las víctimas. Pero esa voluntad no existe. Y cuando surge, aparece tímida y asustadiza, dando la impresión de que conocer la verdad resulta molesto y hasta peligroso. Lleva razón Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, cuando, apesadumbrado, reclama una actuación urgente para que las víctimas del franquismo dejen de vivir con la angustia de saber que sus padres o abuelos pueden seguir tirados en una cuneta para siempre. Todo un presidente de Gobierno se jactó de que no daría un solo euro para la memoria histórica. Y más recientemente, un diputado neofascista electo en el Parlamento andaluz calificó, en su rabioso discurso durante un pleno, a los voluntarios de las exhumaciones de «buscadores de huesos». Lo dicho, un país sin normalizar.

Pero, así y todo, hay que destacar que los trabajos relacionados con nuestro pasado reciente no cesan y muchos estudios aparecen firmados por historiadores solventes y comprometidos que trabajan con rigor y metodología científica (nada que ver con Pío Moa, César Vidal, Rafael Torres, Martín Rubio…).

Hace dos años publiqué mi último trabajo, un ensayo sobre la actuación del Tribunal de Orden Público en Galicia (‘Arelas de liberdade na Galiza’, Editorial Laiovento) y acabo de terminar un estudio sobre el que no debo avanzarte nada porque está presentado a un premio de investigación, pendiente de fallo. Para entonces, si tú quieres, hablamos.

‘‘El Reglamento, abreviado RAM, supuso un punto de inflexión en el funcionamiento público, abierto y profesional de los archivos militares‘‘: Carmen Rial, directora técnica del Archivo Intermedio Militar Noroeste (2ª parte)

Hoy continuamos con la segunda parte de la entrevista que le realizamos a Carmen Rial, directora técnica del Archivo Intermedio Militar Noroeste.

(Archivoz) ¿Qué tipo de actividades de apertura al público habéis realizado  o realizáis habitualmente? Exposiciones, visitas guiadas…¿Qué procedimiento hay que seguir para poder realizar visitas?

(CR) No hemos realizado exposiciones pero sí visitas guiadas. Regularmente recibimos la visita de estudiantes del Grado de Historia de la Universidad de Santiago de Compostela, así como de las titulaciones de la Facultad de Humanidades y Documentación de la Universidad da Coruña. Estas visitas son solicitadas por el docente de una determinada materia, y se adapta a ella la selección de los documentos que son mostrados a los visitantes. Cualquier institución, asociación o colectivo puede solicitar una visita guiada para grupo a realizar en horario de mañana durante todo el año. También se han realizado visitas guiadas con motivo del Día Internacional de los Archivos y visitas guiadas de verano, ambas muy bien acogidas tanto por las personas que residen en las cercanías como por los visitantes de la zona.

(Archivoz) ¿Cuáles son los usuarios habituales del Archivo? Acuden? Conoce el archivo el gran público o es para académicos, historiadores, militares…? Cuáles son vuestras políticas de difusión si la tenéis?

(CR) Acuden personas interesadas en la historia militar, investigadores universitarios (tanto profesorado como estudiantes), aficionados a la genealogía o a la historia del urbanismo, personas con vínculos con las asociaciones de la memoria histórica, y sobre todo, familiares de personas represaliadas por la justicia militar franquista. Es un archivo público y abierto, como lo son todos los archivos de la Administración y demás instituciones públicas, y por ello cuenta con una Sala de Consulta para que puedan trabajar los usuarios, que intentamos que resulte confortable y acogedora. 

Como digo, según la normativa es un archivo público abierto a cualquier persona, y me alegra decir que en este caso la normativa se refleja en la realidad, ya que quienes acuden día a día son personas de todo tipo, edad y condición, y con todo tipo de motivaciones. Es habitual que las compartan con el personal del Archivo, pero algunas veces no lo hacen y así debe ser, no hace falta que nos expliquen más de lo que deseen compartir ni más de lo que sea necesario para que les ayudemos a encontrar la información que buscan. A quienes no han tenido la oportunidad de entrar en contacto con el mundo de los archivos suele causarles sorpresa el hecho de que cualquier persona puede acudir a un archivo público, militar o no, y consultar los documentos originales (siempre que no estén ya digitalizados), y ello no sólo es cierto, además es consustancial a una sociedad transparente y democrática.

Dado que soy la única archivera destinada en el Archivo, y dada la variedad de funciones que el mismo ejerce, no ha sido posible establecer políticas de difusión más allá de las visitas guiadas, los contenidos de las páginas web o el fomento de convenios de colaboración con asociaciones y universidades. Afortunadamente, esta carencia se ve compensada por el trabajo con los fondos de la represión judicial franquista de todas las personas usuarias de nuestra Sala, que publican sus investigaciones, las presentan en congresos y actos de memoria histórica, y, lo más valioso, hacen circular de boca en boca la existencia en Ferrol de este importantísimo acervo documental, que es fundamental para la historia de España y la historia internacional, e imprescindible para la búsqueda de la verdad y para la reparación de las violaciones de derechos humanos derivadas de la Dictadura franquista.

Al hilo de este papel que espontáneamente juegan nuestros usuarios, se ha comenzado la catalogación de nuestra pequeña biblioteca auxiliar en colaboración con la Biblioteca Militar de Coruña para que pueda consultarse su composición en la OPAC del Ministerio de Defensa. Estamos incluyendo una referencia en aquellas obras realizadas con base en los fondos documentales disponibles para la consulta en este Archivo Intermedio, de modo que pueda servir de orientación a futuros usuarios o de fuente de información secundaria a cualquier persona que pueda tener interés pero no la posibilidad de acudir presencialmente.

Respecto a las páginas web con información sobre el Archivo Intermedio Militar Noroeste, existen dos oficiales del Ministerio de Defensa, aparte de la correspondiente en el Censo-guía de archivos de España e Iberoamérica que lleva el Ministerio de Cultura y Deporte:

https://patrimoniocultural.defensa.gob.es/es/centros/archivo-intermedio-militar-noroeste/portada

http://www.ejercito.mde.es/unidades/Madrid/ihycm/Archivos/archivos-intermedios/ferrol-archivo-intermedio.html

http://censoarchivos.mcu.es/CensoGuia/archivodetail.htm?id=48874 

Al margen de estas webs oficiales, hay una entrada en Wikipedia en español y otra en gallego:

https://gl.wikipedia.org/wiki/Arquivo_intermedio_militar_noroeste 

https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo_Intermedio_Militar_Noroeste 

(Archivoz) ¿Te gustaría expresar algo de importancia, o alguna curiosidad, qué resaltarías de tu trabajo en el sentido de servicio a la sociedad?

(CR) Me gustaría señalar que se acerca el 20º aniversario del Reglamento de Archivos Militares actualmente vigente, aprobado por Real decreto 2598/1998, de 4 de diciembre, coincidiendo prácticamente con el 40º aniversario de la Constitución. El Reglamento, abreviado RAM, supuso un punto de inflexión en el funcionamiento público, abierto y profesional de los archivos militares, estableciendo cuestiones tan fundamentales como el principio de libre consulta, la figura del Director Técnico junto al Director Militar o la responsabilidad de los archivos intermedios en trabajar codo con codo con los archivos centrales. Las normas que lo desarrollaron fueron también muy importantes, como la Orden ministerial de 2003 que estableció la presencia inexcusable de archiveros en los órganos consultivos, la Junta de Archivos Militares y la Comisión Calificadora de Documentos de la Defensa, presencia que desgraciada y preocupantemente ya no está garantizada al haberse aprobado una modificación de su composición a finales de 2016.

(Archivoz) El pasado 20 de septiembre se comunicó por nota de prensa la resolución de la Ministra Margarita Robles de autorizar el acceso a documentos con marcas de secreto anteriores a la entrada en vigor de la Ley de Secretos Oficiales que se encontraban retirados de consulta pública en el Archivo General Militar de Ávila. ¿Qué puede suponer esta resolución para el Archivo Intermedio Militar Noroeste?

(CR) Es sin duda una buena noticia porque elimina una de las muchas dificultades que las personas que investigan en archivos militares se encuentran en su camino, que podrán aprovechar más que nunca el saber y el apoyo del archivero de la Sala del Archivo General Militar de Ávila, mi compañero Víctor Moraleda. Respecto al contenido de la resolución, de que no es necesaria una desclasificación por tratarse de documentos anteriores a la Ley de Secretos Oficiales, no puedo estar más de acuerdo y tanto yo como otros archiveros y archiveras lo venimos planteando en esos términos desde hace tiempo. Respecto a sus consecuencias, la fundamental es que una vez que la Ministra ha resuelto que dichos documentos no afectan a seguridad y defensa se cierra la posibilidad prevista por la normativa de que la persona responsable del Archivo, en el caso de los archivos militares el Director militar, pueda retirar de la consulta pública esos documentos, ni siquiera provisionalmente. 

La nota de prensa menciona que se está trabajando para replicar esta medida en otros archivos históricos militares, pero entiendo que los archivos intermedios también debemos ser incluidos dado que ejercemos diariamente funciones de archivo histórico al recibir y atender a investigadores en nuestras Salas de Consulta. También espero que otros Ministerios sigan este mismo camino, y me gustaría que las noticias en este sentido se produjesen muy pronto. Pero si no es así, lo que no hay que olvidar es que la consulta libre es la regla general, y que la excepción de restricción por riesgo para la seguridad y defensa debe ejercerse por los archivos de forma limitada, fundamentada y siempre de acuerdo a lo que establece la normativa. 

(Archivoz) Agradecemos nos hayas atendido Carmen.

(CR) Muchas gracias por interesaros por mis inquietudes y por divulgar el servicio que presta el Archivo Intermedio Militar Noroeste donde trabajo. Ha sido un estímulo contestar a vuestras preguntas. Ojalá esta sea la primera de muchas entrevistas a quienes ejercemos la Archivística en el Ministerio de Defensa.

Recomendamos al lector que continúe con la entrevista enlazada aquí: https://www.archivoz.es/archimilesp-visibilidad-a-los-archiveros/ 

“Los organismos productores de documentación militar fueron reformados en múltiples ocasiones“: Carmen Rial, directora técnica en el Archivo Intermedio Militar Noroeste (1ª parte)

 

Hoy está con nosotros Carmen Rial, Archivera Facultativa del Estado que trabaja como directora técnica en el Archivo Intermedio Militar Noroeste situado en Ferrol, A Coruña.

(Archivoz) Nos gustaría que nos explicaras en qué posición del Sistema Archivístico militar se sitúa este Archivo Intermedio, en qué momento se creó o cómo llegó a formarse.

(Carmen Rial) El Ministerio de Defensa tiene su propio Sistema Archivístico, abreviado SAD. Dentro del mismo, se distinguen el Subsistema Archivístico de la Armada, el del Órgano Central, el Subsistema Archivístico del Ejército del Aire y el Subsistema Archivístico del Ejército de Tierra, abreviado SAET. Como sistema archivístico completo, en el SAET existen Archivos Históricos (en Ávila, Guadalajara, Madrid y Segovia), a los que transferimos documentación de más de 20 años los Archivos Intermedios territoriales (Noroeste, Pirenaico, Centro, Sur, Ceuta, Melilla, Canarias y Baleares) así como el Archivo General del Cuartel General del Ejército. Como Archivo Intermedio, apoyamos archivísticamente y recibimos transferencias de los Archivos Centrales de las Unidades, Cuerpos y Organismos militares (regimientos, batallones, cuarteles generales, jefaturas,…) del territorio que nos corresponde a cada uno, en el caso del Noroeste, de las Comunidades Autónomas de Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, La Rioja y Castilla y León.

(Archivoz) ¿Qué fondos tiene el archivo? ¿lo tenéis descrito?¿existe posibilidad de acceder al fondo o fondos? Es decir, ¿de qué instituciones proceden los documentos que tenéis en el archivo?

(CR)Lo primero a tener en cuenta es que el volumen documental supera los 7.500 metros lineales, y que las fechas extremas se extienden desde finales del siglo XIX hasta 2016. Aunque se dice habitualmente que los archivos intermedios no reciben documentación de menos de 5 años, la situación real a veces así lo demanda. El Ejército es una institución viva, que se reorganiza continuamente, y entre los cambios programados no es extraño que se prescinda de algún organismo militar que nos entrega entonces las fracciones de serie finales de su fondo documental. La idea sobre el cuadro de clasificación con la que me gustaría que se quedasen quienes lean esta entrevista es la de que los organismos productores de documentación militar fueron reformados en múltiples ocasiones a lo largo de este periodo de aproximadamente siglo y medio, cambiaron de ubicación, de nombre, de naturaleza, pero también heredaron funciones unos de otros, y por tanto documentación.

Pasando ya a concretar, el cuadro de clasificación tiene 5 grupos de fondos. El primero de ellos incluye documentación de las Capitanías Generales y los Gobiernos Militares, que si bien no disponen de inventarios detallados sobre la totalidad de cada uno de los fondos que hagan posible la realización de investigaciones sistemáticas basadas en ellos, sí están siendo utilizados para contrastar y completar informaciones procedentes de otras fuentes de este y de otros archivos, especialmente del Archivo General Militar de Ávila y del Centro Documental de la Memoria Histórica. También pertenece a este grupo la documentación de las Comandancias de Obras con expedientes (de obras, de expropiación, etc.) sobre los edificios y terrenos que dejaron de estar afectos a un uso militar.

El segundo de los grupos documentales del cuadro de clasificación es el de las unidades de la fuerza, agrupadas en las tradicionales armas de Infantería, Artillería, Caballería e Ingenieros, así como los nuevos tipos de unidades que escapan a esa categorización. Casi toda la documentación de este grupo consiste en los llamados “expedientillos personales”, es decir, expedientes breves que se abrían en un determinado regimiento o batallón bajo el nombre de una determinada persona mientras permanecía en el mismo. Tienen un contenido muy limitado y su interés para la investigación histórica es por tanto relativo, además de que su consulta en ocasiones aparece restringida por contener datos personales. Por todo ello, lo habitual no es que se sirva en la Sala de Consulta, sino que se remitan copias a la persona que realiza la solicitud de uno de estos expedientes, bien por interés genealógico bien porque le quiere utilizarlo para el ejercicio de algún derecho.

En tercer lugar está el grupo documental de la función del apoyo logístico militar, perteneciendo casi toda la documentación a distintos hospitales militares. En concreto, se trata de expedientes resultado de la dirección y administración del mismo y no de los expedientes clínicos que están bajo dependencia de los órganos directores de la sanidad militar, a los que remitimos las consultas sobre los mismos. En el Archivo Intermedio están los expedientes de alta y baja de los enfermos ingresados en el hospital, los correspondientes libros registro, fichas, pero también expedientes sobre material, asuntos, personal,… Aunque los inventarios existentes no son muy detallados, sí han sido efectivos para recuperar la información requerida para algunas investigaciones en los casos en los que el fondo documental ha llegado manteniendo el orden original.

El cuarto grupo es el de la documentación de reclutamiento del personal que realizó posteriormente a 1996 el antiguo Servicio Militar Obligatorio, conocido como “la mili”, así como la documentación de la tropa del Ejército profesional que finalizó dicha relación laboral hace más de cinco años. Cuenta con inventarios detallados pero debido a que su contenido incorpora datos personales y a lo reciente de todos los expedientes, esta documentación no está disponible para la investigación. Las personas titulares de los datos personales solicitan habitualmente copias de la misma para el ejercicio de derechos, bien directamente al Archivo Intermedio, bien a través de la Delegación de Defensa más cercana a su residencia, que se les facilitan a la mayor brevedad que resulta posible.

El quinto de los grupos documentales es el de los sumarísimos, el resultado documental de la represión judicial militar franquista. Para recuperar los sumarísimos que se solicitan se cuenta con inventarios detallados, con los ficheros-índice onomásticos que se usaban en los Juzgados Militares y con la documentación relacionada de los fondos documentales de las Auditorías de Guerra y las Secretarías de Justicia de las Regiones Militares. Estos casi 2.000 metros lineales son el objeto de prácticamente el 100% de las consultas que se realizan en la Sala por el público, que acude diariamente a hacerlo. Por el momento se ha de gestionar previamente una “autorización de consulta” con el Tribunal Militar Territorial Cuarto con sede en A Coruña, y que se concede conforme los plazos marcados por la Ley de Patrimonio Histórico Español.

Con el comienzo de la Guerra Civil, en el territorio sublevado la justicia militar sustituye la instrucción ordinaria de las causas por el procedimiento sumarísimo, o incluso el sumarísimo de urgencia, para facilitar y agilizar el castigo a la población lejos de del frente de combate. La segunda peculiaridad de esta documentación es también bien conocida: no sólo los militares leales a la República se vieron sometidos a sumarísimos, sino también el conjunto de la población civil.

Por tanto, es una documentación extremadamente valiosa desde múltiples perspectivas, y también por supuesto desde un punto de vista archivístico porque sus efectos administrativos y jurídicos han ido mutando con el tiempo mientras se intensificaba su valor histórico. En mi opinión, el potencial más importante de los sumarísimos está su papel en la consecución de la verdad, la justicia, la reparación y, especialmente, en las medidas imprescindibles para la no repetición.

Finalmente, el Archivo Intermedio también se pone en contacto con los archivos centrales que dependen de él en el caso de que se tenga conocimiento de que puedan tener la documentación solicitada por la persona interesada. De este modo los fondos documentales que se encuentran en los archivos centrales militares son también accesibles para todo el público (con las restricciones que marca la normativa) a través del Archivo Intermedio.

(Archivoz) En tu opinión profesional, ¿cuáles son las prioridades de recursos materiales  y personales que hay en los archivos militares?

(CR)El Sistema Archivístico de la Defensa puede considerarse el más completo y desarrollado del país por su distribución territorial, y por la complejidad y peculiaridad de las funciones de los organismos a los que sirve. Es un sistema archivístico completamente vivo, en el que se plantean todas las problemáticas y desafíos posibles relativos a la gestión documental electrónica y a la archivística tradicional. Afrontar todo ello con solvencia es imposible sin archiveros, por lo que la primera necesidad en mi opinión es la de recuperar el personal técnico de archivos que se ha perdido durante los últimos años, bajando desde los 27 de finales de 2011 a los 18 de fin de 2016, es decir, hay tan solo 18 técnicos para 25 archivos históricos e intermedios con más de 150 km de documentación, a una media de 8.000 metros lineales por archivero. No sólo se ha perdido en términos cuantitativos, lo fundamental es que las personas que se han ido acumulaban décadas de experiencia. Considero que para revertir esta situación no basta con subir las retribuciones, sino que hace falta que el Sistema Archivístico de la Defensa ofrezca a los archiveros otras motivaciones profesionales valoradas, como una verdadera capacidad de decisión en las cuestiones archivísticas, la participación en grupos de trabajo y órganos en que puedan aprovecharse nuestros conocimientos y experiencia y una formación de alto nivel.

En segundo lugar, las personas tienen derecho a recibir de los archivos militares un servicio de calidad, a contar con el mobiliario y equipos tecnológicos necesarios para usar las Salas de Consulta, y a revisar en internet los inventarios y demás instrumentos de descripción sobre los fondos documentales en una  interfaz intuitiva y ágil. Si tuviese que escoger una de entre estas necesidades como problema solucionado a corto o medio plazo, sin duda elegiría la puesta online de las descripciones, cuadros de clasificación y digitalizaciones en un entorno web estructurado archivísticamente, ya que ese es el único modo en que el contexto, o contextos de los documentos pueden ser comprendidos, y revelados los significados depositados en ellos.


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